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La crisis de la democracia II: la idea de justicia

Estamos tan habituados a escuchar la palabra justicia, que ni siquiera nos planteamos su significado completo. Reducimos nuestro concepto a lo que comúnmente observamos en juzgados, o en la prensa: la justicia es un sistema en el que los jueces deciden, observando los argumentos de los letrados, si una persona o grupo de personas, es inocente o culpable de un delito que se les achaca, y con respecto a ello deciden la pena que se les tuviera que imponer en caso de ser declarados culpables.

Sin embargo, la justicia no comienza en el juzgado, ni atañe en exclusiva a jueces, fiscales y abogados. La justicia comienza en la política, que elabora las leyes, continúa con la policía, que realiza las investigaciones y detenciones, y concluye con el sistema presidiario, que funciona como un sistema de re-inserción.

Estos detalles, que leídos aquí pueden parecer obvios pero que nunca encontraremos en una conversación habitual sobre “lo mal que está la justicia en España”, son de crucial importancia.

La justicia se basa en leyes, que a su vez se basan en la constitución, que determina que somos todos iguales, es decir, tenemos todos los mismos derechos. Sin embargo, estamos viendo día a día como esto no es así.

Para empezar, el jefe del estado español, el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, para algunos conocido como el Rey, es una persona que vive, literalmente, al margen de la ley, ya que, en calidad de jefe de estado, está eximido de ser imputado por ningún delito; en caso de cometer acciones delictivas, responderían aquellas personas que, podríamos decir, están “a su cargo”, como si fuera un bebé: los políticos. No podemos afirmar, de ninguna de las maneras posibles, que seamos todos iguales a la justicia. Además de este caso, encontramos a los propios políticos, que pueden acogerse a su calidad de “aforados” para ser juzgados en determinados tribunales y no en otros, como ocurrió con Francisco Camps. Además, gracias al ministro de injusticias, Alberto Ruíz Gallardón, la justicia ahora sólo es accesible para aquellos que poseen un importante montante de dinero, puesto que no se puede pleitear sin abonar las abusivas tasas que plantea el ministro en cuestión, y que han conseguido poner en su contra no sólo a la ciudadanía, sino a todos los sectores de la justicia.

La justicia se erige como teóricamente independiente de los otros dos poderes del estado: poder legislativo y poder ejecutivo (parlamento y gobierno). Sin embargo, los mandatarios de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPD) está compuesto por magistrados que se deciden con tres quintos de la mayoría parlamentaria. Esto es, que no sólo no los deciden aquellos que forman parte del poder judicial, sino que sólo los dos grandes partidos tienen acceso al nombramiento de los jefes de los jueces. Esta politización está llevada al extremo si pensamos que el tráfico de influencias o incluso las presiones políticas hacia la judicatura son habituales y, en ciertos casos, muy efectivas (podemos volver al caso Camps, u observar el indignante proceso contra el juez Baltasar Garzón).

La justicia concluye, como ya dije, en el sistema de prisiones, que se fundamenta en el principio de re-inserción  Es decir, la labor de las cárceles no es almacenar delincuentes, sino re-educarles para que puedan volver a la sociedad sin ser un peligro para la misma. No hay cabida en este sistema, por tanto, para penas mayores como son la pena de muerte o la cadena perpetua, que son, ineludiblemente, anticonstitucionales, además de una simple salvajada, éticamente hablando.

Sin embargo, y gracias de nuevo al adalid de los ultraconservadores del PP, el ministro Gallardón, en España existe ahora una pena descrita como Prisión Permanente Revisable, o lo que es lo mismo, una cadena perpetua con condiciones. A los veinticinco años se revisa la condena y ya, si eso, se va viendo si se deja libre o no al condenado. Además de ser estrictamente inconstitucional, es una burrada, ya que todo condenado tiene derecho a saber a cuánto asciende su condena de manera concreta. No se puede condenar “indefinidamente” a nadie, por mucho que haya revisiones a los veinticinco años.

Para concluir con este repaso a los sinsentidos de la justicia, voy a dejar en el aire el tema del que hablaré el domingo que viene: la anticuada figura del indulto. Se aceptan ideas.

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