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La estafa de la privatización

Estamos escuchando día a día a las administraciones pertenecientes, principalmente, al Partido Popular, hablar sobre los beneficios de la privatización de los servicios sanitarios, o como dicen ellos, la privatización de la gestión de la sanidad. Se habla mucho, se miente casi en todo, y se rebate con muy poca eficiencia, por lo general, por parte de aquellos que, como yo, defienden que no puede existir un servicio social igualitario que no sea eminentemente público.

En último término, es un debate sobre los derechos que tenemos como seres humanos y como ciudadanos de un Estado de Derecho. Tenemos el derecho a una sanidad universal y gratuita, accesible a todos sin que exista ningún tipo de criba o selección basada en discriminaciones de sexo, edad, orientación, raza o propiedad. Y esto último se está violando, ya que tanto la privatización de la sanidad como sus consecuencias nos dirigen hacia un escenario muy concreto: el acceso a la sanidad estará determinado por las capacidades económicas del individuo.

Mentirán al reiterar que no es así, puesto que la base de nuestro argumento en su contra es una idea bastante sencilla, esto es, la diferencia de objetivos entre lo público y lo privado. Lo público tiene como objetivo ofrecer un servicio igualitario y gratuito; lo privado, conseguir beneficios.

Por si muchos no lo saben, la mayoría de los servicios públicos que aporta un Estado son deficitarios. Y no hay problema en que lo sean, ya que se sufragan con los impuestos de los contribuyentes. Es decir, no necesitamos que la educación o la sanidad aporten beneficios, ni siquiera que no gasten más de lo que dan, puesto que no aportan, nunca, beneficios monetarios. Aportan beneficios sociales. Y estos beneficios son salud, educación, igualdad, etc. Si empezamos a tratar los servicios públicos como si fueran empresas privadas, nos encontraremos con que el Estado desaparecerá, que es básicamente lo que quieren conseguir los neoliberales, dirigidos en nuestro país por Rajoy y sus delincuentes.

Sin embargo, más allá de todas estas reflexiones, nos encontramos con un escenario de estafa a gran escala. Los ciudadanos españoles hemos estado pagando con nuestros impuestos las instalaciones sanitarias y educativas, hemos estado pagando la formación de los profesionales que trabajan en las mismas, y pagamos su sueldo, también. Es justo, por tanto, que sean los ciudadanos, mediante el sistema representativo que se presupone en una democracia sana (cosa que no se da en este país corrupto), quienes gestionemos esos servicios. Pero, de manera deliberada, fría, abierta y desvergonzada, los políticos están regalando aquello por lo que tanto hemos pagado a un conglomerado de empresas privadas que solo piensan, lógicamente, en beneficios monetarios, y que rebajarán la calidad de los servicios sanitarios y educativos hasta lograr esos beneficios. Cobrarán por las comidas en un hospital, luego por la cama, y en último término por la atención médica. Cobrarán algo que ya está pagado, haciéndonos contribuir, como idiotas, dos veces para recibir un solo servicio; haciéndonos pagar dos veces por algo que, además, es de peor calidad que lo que teníamos antes pagando sólo una vez.

¿Y por qué? Respuesta sencilla: beneficios económicos. ¿Y para quién? No hay más que ver quiénes son los que participan en esas empresas de gestión que están estafando con la connivencia de la administración pública: Güemes, Rato, el marido de Cospedal…

A mí me gustan las cosas claras, no me gustan las medias tintas y no se me dan bien las indirectas: esto es una estafa, con todas las letras, en todos los sentidos del término. Empezaron con los medicamentos, siguieron rebajando derechos a los seres humanos que no poseían un papel que les acreditara como “legales” en este país, siguieron con una subida de impuestos para pagar una deuda injusta que nosotros no hemos generado, y terminarán vendiendo (ya lo están haciendo) aquello que es de nuestra propiedad sin nuestro permiso.

Si yo me compro una televisión, quiero disfrutar viéndola, quiero usarla porque es mi derecho al haberla pagado. Si viene alguien ajeno, y me la sustrae, diciéndome que se la ha regalado a Rodrigo Rato o a Juan José Güemes, y que voy a tener que pagar cada vez que quiera verla, aun cuando soy yo el que se la ha comprado y ellos no han puesto ni un mísero euro, le cruzo la cara de tal manera que la cabeza le da varias vueltas antes de darse cuenta de lo que ha ocurrido. ¿A qué esperamos?

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