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El problema de la representación

Es quizás el más candente de los problemas relativos a la calidad democrática, y probablemente el que más urge solucionar. Las instituciones, desprestigiadas hasta niveles antes desconocidos, necesitan una reforma importante para poder ejercer, de una vez por todas y sin dudas, como representación directa de los ciudadanos.

El primer paso, el más evidente, y el más sencillo, es el de las instituciones locales o municipales. Los ayuntamientos, por su cercanía a los ciudadanos, tienen la posibilidad de ser la representación más directa. Sin embargo, un ayuntamiento no es sólo un grupo de políticos elegidos en las urnas y que gobiernan un municipio. Un ayuntamiento es el conjunto de las instituciones, asociaciones y entes municipales. Desde el citado grupo de ediles hasta las asociaciones de vecinos, desde las posibles asociaciones culturales hasta las empresas municipales. ¿No sería deseable que las empresas locales, como las de transporte, se autogestionaran, y que sus representantes también fueran elegidos directamente por la ciudadanía? ¿Por qué delegar y delegar poderes de decisión en los políticos, que se han demostrado incapaces para gestionar todos estos asuntos sin caer en las corruptelas de los excesos de poder?

El paso más evidente en este marco municipal es fomentar y potenciar el papel de las asociaciones de la sociedad civil, las asociaciones vecinales, los consejos de barrios, las asambleas de ciudadanos y las asociaciones culturales. La intervención del ciudadano aislado será siempre menor que la de un conjunto de ciudadanos, constituídos en asociación, del tipo que sea, sin necesidad de inscribirse en una línea ideológica o en un partido político. Dudo mucho que las ideologías pesen tanto en las decisiones de una asociación de vecinos como pesan en un partido político. La política debe acercarse a la vida real, a los asuntos prácticos, y nada como el ámbito reducido de la convivencia más cercana para empezar a pragmatizar la actividad política.

No quiero con esto tratar de eliminar la ideología de la política. Un mundo sin ideologías no podrá ser un mundo práctico. Sin embargo, hay ideologías, o ideas, si se prefiere, que están por encima de los conjuntos ideológicos de un partido, ya que pertenecen a la sociedad como obligación (o deberían). Si cualquiera de nosotros constituye una asociación cultural, el estado le obligará a que sus estatutos fundacioales impongan una estructura democrática en el seno de dicha asociación. Puede ser que los asociados no sean demócratas, puede ser que sean fascistas, pero aun así se verán obligados a elegir democráticamente a la directiva de la asociación.

La política en los altos niveles está impregnada de ideología, y eso no es malo. Pero los intereses prácticos que se llevan a cabo no son los de las personas que han elegido a tal o cual partido. Cuando el interés que se defiende no responde al interés de los ciudadanos, de la sociedad real, es un interés ajeno a la sociedad. Las decisiones de los políticos en los niveles medios y altos de decisión (administraciones regionales y estatales) responde a los intereses de la élite oligárquica, y no a los intereses de la ciudadanía. Por lo tanto, la representatividad supone un fracaso estrepitoso.

El siguiente paso es llevar esa estructura de asociacionismo, esa idea de pragmatismo, a las decisiones de los políticos en las estructuras más elevadas del poder. Éstos deben responder ante los ciudadanos de haber decidido por ellos y para ellos. Por tanto, entiendo que un mecanismo esencial para tal cambio debería ser el carácter vinculante de las promesas electorales. Establecer unos tiempos, relativamente flexibles, para la ejecución de los planes expuestos en el programa electoral, cuyo incumplimiento supusiera una automática destitución del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones.

Todo ello en un sistema, a poder ser, de representación directa, y no de complicadas ratios de representación que hagan que un escaño en tal región cueste el triple de votos que en otra, o que un partido quede sin representación parlamentaria duplicando en votos a uno que sí que la consiga.

Me reitero en mi idea principal: no considero esto un proceso de regeneración democrática, sino el proceso de edificación de una democracia que no se llevó a cabo en la fallida transición española, y que ahora estamos pagando con la crisis de reprsentatividad, de calidad democrática y de desprestigio de las instituciones que estamos padeciendo.

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  2. 13 septiembre 2014 a las 8:03

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