Colombia: algunas verdades oscuras – José Angel Gascón
Cuando en un país como España, en algún otro país europeo, o en Estados Unidos, el ciudadano corriente y moliente piensa en Colombia, lo primero que le viene a la cabeza son dos palabras: droga y terrorismo. Ya se sabe, decimos, que desde Pablo Escobar, en los años 80, Colombia es básicamente un país productor de droga, principalmente cocaína. Y qué decir de los movimientos guerrilleros, que socavan los cimientos de la democracia, que mantienen aún a cientos de personas secuestradas en la selva desde hace años, incluida la que fue candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, y que, en definitiva, son los causantes de la mayoría de las desgracias del país, tales como los desplazamientos forzados de población civil (se calcula que tres millones de personas han tenido que desplazarse por la guerra). Incluso, dentro del propio país, un taxista de Bogotá me dijo que “este país es precioso, el único problema que tiene es el terrorismo”.
La cuestión del terrorismo es la que más preocupa en los Estados Unidos, principalmente. Cuando se discute aquí, en Europa, sobre Colombia, el tema que siempre surge es del problema de la droga. Por eso, tanto aquí como en Norteamérica, se ve con buenos ojos la iniciativa del Plan Colombia, un proyecto destinado a fortalecer el estado de derecho en Colombia mediante la erradicación del terrorismo y del tráfico de drogas.
En cuanto a la gestión del señor Álvaro Uribe Vélez, presidente colombiano desde el año 2002 (modificó la Constitución para poder presentarse por segunda vez a las elecciones del 2006, y volvió a vencer en las mismas), parece que está siendo bastante buena. El hecho más destacable es la desmovilización de los grupos paramilitares, los terceros en discordia en el país, junto con el estado y los guerrilleros. Estos grupos, como la mayoría de la gente sabe, surgieron en los años 80 como respuesta a la opresión guerrillera; puesto que el estado se veía incapaz de controlar la situación de terror, se hizo necesario crear unidades de autodefensa. De ahí los nombres de los dos principales grupos paramilitares que operaban en el país: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Ahora, el señor Uribe ha conseguido negociar un acuerdo con ellos y, desde agosto de este año, ya no quedan paramilitares en Colombia.
Éste es, más o menos, el discurso del presidente Uribe, de sus aliados en Europa y en Estados Unidos, y la opinión generalizada de todos los que se han dejado persuadir. Y es que hay que reconocer que suena convincente y que da la sensación de que todo encaja. Pero las cosas nunca son tan sencillas, y basta mencionar un simple acontecimiento concreto para desmontar todo el planteamiento.
Nos situamos en la zona noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá. El río Atrato desemboca en el mar Caribe, a caballo entre los departamentos del Chocó y de Antioquia. Es lo que se conoce como el golfo de Urabá. Toda esa zona estaba habitada por comunidades de afrocolombianos (trasladados en el siglo XVII por España desde África para trabajar en las minas), que vivían en asentamientos dispersos por la selva. Con sus plantaciones de productos como café, caña de azúcar, plátano o yuca, y una buena relación con el entorno natural, conseguían todo lo que necesitaban para vivir.
Pero todo esto acabó en 1997. Los paramilitares ya habían comenzado a presionar a los miembros de las comunidades desde el 96, por ejemplo requisándoles la mercancía cuando iban a vender sus productos al pueblo. Les acusaban de colaborar con la guerrilla y, en algunos casos, de plantar coca. Y en el 97 alguien decidió que había que poner punto final. Estas comunidades de civiles (unas 39 en total) fueron atacadas por los grupos paramilitares y obligadas a abandonar la zona con sólo lo que llevaban puesto. En una de las comunidades, según me dijeron, habían sido asesinadas 86 personas en total. En esa misma comunidad todo el mundo conocía el caso de un hombre al que los paramilitares habían mutilado los brazos y las piernas con un machete (los machetes allí miden alrededor de medio metro), y después le habían cortado la cabeza para jugar al fútbol con ella. Finalmente, después de toda la operación, acudieron a Turbo, el municipio más cercano, unos 3.000 desplazados en total. Allí les esperaba la policía para conducirles a diferentes zonas del país.
Por lo que sabemos hasta el momento, el gobierno (el presidente entonces era Ernesto Samper) podría lavarse las manos y alegar que este suceso fue una consecuencia simplemente de los combates entre paramilitares y guerrilla, y que ellos no tenían nada que ver. Pero para los miembros de las comunidades campesinas (que, en un admirable alarde de determinación y valentía, han decidido retornar a sus hogares, motivo por el que están sufriendo de nuevo amenazas e intimidaciones) hace ya mucho tiempo que la estrecha relación entre el gobierno y los paramilitares es una obviedad. Han visto ya demasiadas veces pasar por delante de ellos la misma cara con uniformes diferentes: un día con el del ejército nacional, al día siguiente con el de las ACCU. Y ahora, cuando se encuentran de nuevo en sus tierras, intentando recuperar la vida que perdieron, la mayoría de las presiones vienen del ejército, que repetidamente invade territorios que han sido declarados como zona humanitaria (lo que significa que queda prohibido el acceso a actores armados).
Pero existe una evidencia imposible de refutar. Cuando se produjo el desplazamiento, en 1997, antes de la entrada en las comunidades de los paramilitares, se produjo un bombardeo desde el aire con helicópteros y aviones. Así que la pregunta es: ¿disponen los grupos paramilitares de estos aparatos? Evidentemente, no. Según se ha sabido después, el desplazamiento del 97 era precisamente el objetivo de la llamada “Operación Génesis”, dirigida por el general de la Brigada XVII del ejército, Rito Alejo del Río. Fue el Estado el que atacó deliberadamente a civiles, en una operación conjunta con los paramilitares. Y, ¿por qué? Supongo que el hecho de que tras el desplazamiento llegaran a la zona empresas madereras y palmicultoras extranjeras para explotar los recursos naturales puede darnos una pista.
Y, mientras tanto, en todo el tiempo que pasé viviendo en estas comunidades no fui capaz de encontrar una sola hoja de coca ni tampoco un arma o un uniforme guerrillero. No encontré más que lo de siempre, una población civil que se ha convertido en objetivo militar y un ejército que sirve a los intereses de las grandes empresas, más que a su país.
